CDMX, Mexico.
Las desigualdad e inequidad de género es un hecho incuestionable en todo el mundo y, esto se ha acentuado y disparado con la pandemia por la Covid19.
De acuerdo con ONU-Mujeres la pandemia ha puesto en evidencia lo que ya venía sucediendo:
Al menos 243 millones de mujeres y niñas (de 15 a 49 años) han sufrido violencia física o sexual por parte de la pareja en el último año. Durante la pandemia esta violencia ha crecido a causa del confinamiento.
Estas cifras son reflejo de una realidad que está presente en nuestros yoes más profundos: ¿Cómo construimos la realidad de que las mujeres son “inferiores” a los hombres? ¿Cómo hemos llegado al punto de reconocerles “menos” derechos a las mujeres que a los hombres?
A pesar de que hay esfuerzos desde la sociedad civil mundial, de algunos gobiernos y, de por supuesto de organismos internacionales como ONU-Mujeres, la desigualdad traspasa todos los ámbitos de la sociedad.
Contrario a este panorama descubrimos instrumentos internacionales que intentan paliar esta situación, ejemplo de ello son: la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y su protocolo facultativo; la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer; o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.
Pero de nada sirven estos compromisos internacionales como el Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 5 de la Agenda 2030 “IGUALDAD DE GÉNERO”, si los Estados y sus respectivos gobiernos no los hacen cumplir de manera cabal.
Traigo a colación la decisión del día 29 de julio 2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana para NO despenalizar el aborto en el Estado de Veracruz generando, al menos a priori, Violencia Institucional en contra de la mujer.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reflejo de los instrumentos internacionales que antes nombré, define como Violencia Institucional “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.
La estructura sigue siendo camisa de fuerza para algunos, pero hay muchas progresistas que están provocando que esa estructura termine por caer, por el bien del desarrollo humano.