Toluca, Mexico.
Como en México, en toda Latinoamérica, Norteamérica y en el resto del mundo, el sistema político hace crisis.
En mi opinión es evidente la falta de representatividad de las organizaciones y partidos políticos, situación largamente sufrida, pero que ahora languidece ante la imposibilidad de sostener niveles aceptables de calidad de vida, a la vez que se sostiene la opulencia de las minorías en el poder económico y político.
La población tiene acceso a la información fuera del control de las jerarquías locales. Información que pone de manifiesto las diferencias entre los que tienen más de lo que jamás podrán gastar y quienes a duras penas sobreviven. Las desproporciones son obscenas y están a la vista de todos.
La tendencia sólo pone de manifiesto que el proceso de acumulación de la riqueza parece no tener freno bajo la situación prevaleciente. Evidentemente la crisis es sistémica y por eso no se halla solución con simples cambios de los titulares en el poder, pues las soluciones a la inequidad en la distribución del ingreso no pueden provenir de quienes han sido sus beneficiarios tradicionales, tampoco de una masa ignorante y dependiente, fácilmente manipulada por demagogos populistas.
La corrupción del poder público es el estigma de nuestros tiempos, la farsa en el cumplimiento del compromiso social de los empoderados, es una patraña que ya nadie se traga. La pantomima del gobierno se torna rápidamente de creíble a jocosa y de jocosa a insultante.
El combate a la corrupción solo podrá darse con un sistema de auto-representación (por naturaleza incorruptible) y la institucionalización de la toma de decisiones basada en la ciencia y en los objetivos de la comunidad expresados a través de la sociedad civil organizada.
El modelo del cacicazgo y la democracia representativa están agotados y debemos evolucionar a una democracia participativa basada en la institucionalización y el conocimiento técnico científico.
¿Son las instituciones de la sociedad civil organizada la única vía para la racionalización de la administración pública y el gobierno?
El avance de la sociedad civil organizada es irreversible, sólo las instituciones más frágiles dependen del erario público y pueden ser víctimas de los caprichos del poder. La comunidad civil organizada, con recursos propios, sobrevive y lucha para influir en la política pública con legitimidad y gran calidad técnica. Es en mi opinión la fuerza emergente en la sociedad humana y será la base de una nueva democracia de mayores capacidades para enfrentar los complejos problemas de la sustentabilidad de la comunidad.
Ciertamente, no es sustitutiva del gobierno, sino complementaria. Al tener un origen y estructura totalmente independiente del sistema político para el poder público, auxilia en su control y coadyuva técnicamente en la toma de decisiones, facilita la permanencia de los proyectos trascendentes a los periodos de gobierno y es la vía más directa e influyente de comunicación de la población con el poder político y económico.
La retórica oficial poco puede contra el peso de la verdad y los hechos, planteados en forma impecable por técnicos competentes. Aún en el caso de franca represión de la opinión pública, las instituciones de la sociedad civil sobreviven apoyadas internacionalmente, incluso en el exilio. Médicos sin Fronteras, Greenpeace, Amnistía Internacional, incluso la Cruz Roja, son solo un mínimo ejemplo de la influencia y resiliencia de la sociedad civil organizada y del papel fundamental que juegan en el balance del poder político.
En México es notable el caso de Mexicanos Contra La Corrupción, El Poder Del Consumidor, los colegios profesionales, sólo por mencionar algunos.
La pantomima demagógica del “pueblo sabio”, al que sólo se le usa a modo en ridículas farsas eventuales, es la antítesis de una sociedad civil organizada, autónoma e informada, institucionalizada y permanente, que se ocupa de temas específicos con gran calidad técnica, con una autoridad moral cultivada con años de ejercicio impecable en la materia de su interés.
Evidentemente en el caso de un gobierno auténticamente democrático, la sociedad civil organizada es considerada un aliado fundamental y fomentada con toda clase de incentivos y apoyos. El generoso aporte de estas instituciones sin fines de lucro, es una herramienta sin par para el establecimiento de prioridades de acción y la evaluación de resultados del desempeño del gobierno. Claro está, sólo cuando el gobierno no se ocupa de los fines declarados, representan un estorbo y ofrecen una crítica permanente, motivo del disgusto del farsante en el poder.